Recordando la historia, un día como hoy el Estado del Bienestar empezó a gestarse

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Imagen de William Beveridge, uno de los impulsores del Estado del Bienestar.

Sinopsis. Tal día como hoy, un 26 de noviembre, fue presentado ante el Parlamento británico el Informe Beveridge. Un documento que señalaba la pertinencia de la creación de un sistema de protección social desde la cuna a la tumba, para garantizar la protección de cualquier individuo ante una posible situación de exclusión social y daba una explicación detallada de los recursos necesarios y de donde obtenerlos para que fuera posible. Esa propuesta, supuso la antesala de la creación del Estado del Bienestar tal y como está configurado en muchos países europeos la cuál en su día supuso un avance para la humanidad, y que ahora se está acelerando en su desmantelación.

Bajo la permanente amenaza de los bombardeos de la aviación nazi sobre la población civil, el 10 de junio de 1941, Arthur Greenwood, ministro laborista británico encargado de liderar el proceso de reconstrucción bélica, solicitó a Sir William Henry Beveridge el desarrollo de la labor de coordinación de la comisión interdepartamental creada a efectos de revisar los programas de protección social y orquestar una propuesta conducente a su unificación. Su carácter de reputado estudioso de los fenómenos de exclusión social y su repercusión sobre el desempleo, avalado por el desempeño de su puesto de director durante dieciocho años de la London School of Economics y el ejercicio de su labor de profesor de la Universidad de Oxford, pronto se reflejó en los resultados preliminares del trabajo de la comisión, que estaba compuesta, además de por Beveridge, por John Maynard Keynes, Lionel Robbins y George Epps.

Beveridge abogaba —sustentándose en las propuestas de intervención pública en la actividad económica y de consecución del pleno empleo recogidas en la «Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero» de Keynes— por el diseño de un programa de protección social universal desde la «cuna a la tumba», capaz de garantizar un nivel de ingreso mínimo y «honroso» para aquéllos que, de manera sobrevenida, se encontraran en situaciones de precariedad por enfermedad, desempleo, incapacidad u otras contingencias de naturaleza similar y o alcanzasen la edad de retiro. De este modo, se lograría ayudar a las personas más necesitadas y mitigar potenciales episodios de pobreza a los que se podía enfrentar el ser humano, motivados, según Beveridge, por la indigencia, la enfermedad, la ignorancia y el abandono. Con estas mimbres, el 26 de noviembre de 1942, Beveridge presentaba en el Parlamento británico el informe Social Insurance and Allied Services —también conocido como Informe Beveridge— como «una revolución que constituye un compromiso inequívoco con la justicia social».

En el documento, se proponía la aplicación de un plan de actuación sustentado en: 1) el establecimiento de un sistema de seguridad social unitario de cobertura universal, financiado a través de las contribuciones del Estado, los empleados y los empleadores; 2) la creación de un servicio nacional de salud—atención médica gratuita con cobertura universal— y de un sistema de asistencia nacional —para completar el subsidio de la seguridad social cuando éste fuera insuficiente— orientados a alcanzar el nivel de subsistencia deseado, adoptando el objetivo del pleno empleo como política de Estado; 3) la extensión de los beneficios sociales a los campos de la educación, la vivienda, la atención especializada a niños y otros servicios sociales de carácter asistencial.

A pesar de la resistencia mostrada por los grupos más conservadores y más proclives al más puro “laissez faire”, argumentando que constituía el inicio del camino hacia la «ruina moral» —Winston Churchill comparaba los planteamientos expuestos con un cuento de hadas— la propuesta fue recibida con inusitado entusiasmo por el pueblo inglés, crecientemente asediado por los efectos devastadores de la guerra. Los planteamientos propuestos pronto traspasaron fronteras, dejando su impronta en el diseño de los sistemas públicos de previsión social del resto de países europeos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1946, así como en la concreción de las normas mínimas de seguridad social estipuladas por la Organización Internacional del Trabajo en 1952. Mediante esta justificación y aceptación de la intervención pública en el ámbito redistributivo, por la que se modificaban ciertas reglas de funcionamiento del mercado, se asentaban las bases del Estado de Bienestar que hoy conocemos.

Hoy es un buen día para recordar el surgimiento del Estado del Bienestar no sólo por el hecho de que sea la efeméride. Si no por que el que fuera un gran avance en su época (y lo sigue siendo a día de hoy) en la actual está sufriendo un periodo de aceleración de su desmantelamiento que en España comenzó el 12 de mayo de 2010, cuando el Gobierno de Zapatero decretó en su día el mayor recorte de gasto social de la historia y el cual ha tenido su continuidad con el Ejecutivo actual de Rajoy. Todo ello en un plan de recorte del gasto público en Europa que se está traduciendo en una merma en muchos países de las prestaciones sociales. En su día, quienes propusieron la creación del Estado del Bienestar fueron tachados de utópicos. Sin embargo, con la presentación de un programa convincente, respaldado por documentos técnicos sólidos persuadieron a la población de que la ficción podría ser realidad y cuando sus ideas se quisieron implementar, ésta fue posible.

Hoy en día en Europa hay formaciones como Syriza y Podemos, que buscan sostener el Estado del Bienestar y en algunas facetas ampliarlo, cuyas propuestas económicas también son tachadas de irreales, pero a diferencia de la obra intelectual que fue el Informe Beveridge hay enormes lagunas sobre como van a obtener los recursos para poder llevarlas a cabo (el caso de la renta básica universal, que luego ha evolucionado hasta algo similar a algo intermedio entre una renta de inserción o un ingreso mínimo de subsistencia) y hay aún más interrogantes respecto al análisis coste-beneficio que traerían otras de ellas (como por ejemplo el impago de parte de la deuda pública que se considere ilegítima tras someter ésta a una auditoría ciudadana) ¿Cómo implementar ese repudio? ¿De forma unilateral? ¿En el marco de un plan conjunto de varias reestructuraciones de deuda de países europeos? ¿Qué pactos se estaría dispuesto a llegar con los acreedores para minimizar el periodo de ostracismo en los mercados de financiación que se deriva tras un ‘default’, tal y como señala la evidencia empírica?

Al margen de todo esto, también hay que señalar que la filosofía que subyace al Estado del Bienestar es la solidaridad (cuanto más lejos o menos pretendamos llevar como sociedad nuestra solidaridad mayor o menor será el Estado del Bienestar con el que queramos dotarnos y serán necesarios mayores o menores recursos para asegurar su funcionamiento) y dado que la solidaridad es un bien público, su provisión no se puede dejar al albur del libre mercado. Ya que la ley de la oferta y la demanda es extremadamente ineficiente a la hora de asignar los bienes públicos (especialmente por el problema del free-rider que dificulta enormemente la provisión de los recursos necesarios) cosa que cualquier economista cuyos juicios de valor se asienten en la evidencia empírica reconocerá (tal es el caso del para nada intervencionista James M. Buchanan, en su libro “Los límites de la libertad. Entre la Anarquía y el Leviatán” en especial en el capítulo 3 donde habla de los bienes públicos). Así, además de los argumentos éticos e ideológicos para defender la no desmantelación del Estado del Bienestar (a diferencia de los que defienden ciertas escuelas económicas con postulados ultraliberales, que son cacareados por medios de comunicación, pero cuyo rigor científico es prácticamente inexistente) podemos añadir argumentos económicos, de por qué un Estado del Bienestar fue y es un gran avance para la humanidad y para la sociedad.